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Las
administraciones reducen las cantidades mínimas de los pliegos por obras
o servicios y podrán abonar directamente a las subcontratas.
La reciente aprobación de la Ley de Contratos Públicos del Gobierno busca fomentar la participación de las pymes en los procesos de adjudicación de obras y servicios, que llevan a cabo desde el propio Estado, hasta las administraciones autonómicas y locales. Para ello, el articulado de la norma, incorpora especificaciones que, si se analizan a fondo, detonan que persiguen ampliar la presencia de las empresas de tamaño medio en las mesas de contratación.
Principales novedades.
La nueva legislación recoge la obligatoriedad de dividir en lote los contratos públicos, siempre que sea posible. Tal y como informan desde Agencia EFE, “será la norma a partir de ahora”, hasta el extremo de que “se deberán justificar los casos en los que no se opte por esta tendencia”.
Otra de las incorporaciones a la legislación tiene que ver con la reducción del importe de los contratos menores. La medida persigue incrementar las actuales cifras de participación de pymes en las licitaciones públicas. Así, se rebajará de 50.000 a 40.000 euros los contratos menores en el caso de obras, y de 18.000 a 15.000 euros aquellos que tienen que ver con los suministros y servicios.
Una interesante ventaja para las pymes que tendrá la legislación con respecto de la normativa actual es que, por primera vez, se da la posibilidad a los estamentos públicos a abonar a las subcontratas que formen parte de un gran proyecto de infraestructura. Eso sí, previamente se ha debido recoger esta posibilidad en el pliego de condiciones. Esta medida, repercutirá directamente a las empresas dedicadas a la construcción. Para acabar con la morosidad que tradicionalmente ha existido entre este sector y los organismos públicos, se ha redactado otra obligación concreta que tendrán los licitadores: las obras no se podrán certificar en más de 30 días una vez estén culminadas.
Procedimientos más transparentes.
En aras de hacer los procedimientos lo más transparentes posible, el método de trabajo a implantar simplificará todos sus mecanismos: desde el procedimiento previo a la licitación pasando por la documentación que las empresas concursantes tienen que entregar. Además y en este mismo sentido, “se obligará a las administraciones a publicar todos los trámites que se integren en el proceso de contratación”: el documento, sus modificaciones, cesiones, las actas de valoración de las ofertas o los expedientes previos de preparación.
FUENTE: CINCODÍAS
La reciente aprobación de la Ley de Contratos Públicos del Gobierno busca fomentar la participación de las pymes en los procesos de adjudicación de obras y servicios, que llevan a cabo desde el propio Estado, hasta las administraciones autonómicas y locales. Para ello, el articulado de la norma, incorpora especificaciones que, si se analizan a fondo, detonan que persiguen ampliar la presencia de las empresas de tamaño medio en las mesas de contratación.
Principales novedades.
La nueva legislación recoge la obligatoriedad de dividir en lote los contratos públicos, siempre que sea posible. Tal y como informan desde Agencia EFE, “será la norma a partir de ahora”, hasta el extremo de que “se deberán justificar los casos en los que no se opte por esta tendencia”.
Otra de las incorporaciones a la legislación tiene que ver con la reducción del importe de los contratos menores. La medida persigue incrementar las actuales cifras de participación de pymes en las licitaciones públicas. Así, se rebajará de 50.000 a 40.000 euros los contratos menores en el caso de obras, y de 18.000 a 15.000 euros aquellos que tienen que ver con los suministros y servicios.
Una interesante ventaja para las pymes que tendrá la legislación con respecto de la normativa actual es que, por primera vez, se da la posibilidad a los estamentos públicos a abonar a las subcontratas que formen parte de un gran proyecto de infraestructura. Eso sí, previamente se ha debido recoger esta posibilidad en el pliego de condiciones. Esta medida, repercutirá directamente a las empresas dedicadas a la construcción. Para acabar con la morosidad que tradicionalmente ha existido entre este sector y los organismos públicos, se ha redactado otra obligación concreta que tendrán los licitadores: las obras no se podrán certificar en más de 30 días una vez estén culminadas.
Procedimientos más transparentes.
En aras de hacer los procedimientos lo más transparentes posible, el método de trabajo a implantar simplificará todos sus mecanismos: desde el procedimiento previo a la licitación pasando por la documentación que las empresas concursantes tienen que entregar. Además y en este mismo sentido, “se obligará a las administraciones a publicar todos los trámites que se integren en el proceso de contratación”: el documento, sus modificaciones, cesiones, las actas de valoración de las ofertas o los expedientes previos de preparación.
FUENTE: CINCODÍAS
