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Según la Ley General Tributaria, la Administración dispone de un plazo de cuatro años para reclamar cualquier elemento que considere incorrecto en la declaración de la renta o solicitar cualquier dato fiscal que considere oportuno. Es decir, hasta que no transcurran cuatro años Hacienda puede llevar a cabo acciones para verificar que lo que incluimos en la declaración del IRPF sea correcto y tomar las medidas que considere oportunas al respecto. El plazo comienza a contar una vez que finaliza el periodo voluntario de presentación de las declaraciones, o desde el momento de la presentación si es posterior.
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:
- El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
- La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas.
- La acción para imponer sanciones tributarias
- El derecho a la devolución de ingresos indebidos.
Se debe tener en cuenta que el período de prescripción se puede interrumpir, y volver a contar desde cero, por cualquier acción llevada a cabo por la Administración y de la que el contribuyente tenga conocimiento formal, o por ejemplo por la interposición de reclamaciones o recursos por parte del contribuyente.
FUENTE: ABC
