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El Consejo de Ministros ha aprobado el 19 de octubre tres anteproyectos de ley, que deben pasar por la aprobación de Congreso y Senado, con propuestas tributarias que entroncan con el plan presupuestario presentado hace unos días y tiene como objetivo realizar reajustes sobre la fiscalidad los contribuyentes, muy especialmente sobre las de grandes empresas. Hablamos del anteproyecto de ley antifraude sobre el impuesto digital y las transacciones financieras que platean un futurible nuevo panorama tributario. Si bien las medidas incorporadas en estos dos últimos anteproyectos no tendrán efecto alguno en pymes y sí sobre las empresas con altas cifras de facturación o recaudación anual, algunos de los puntos contemplado en la ley antifraude sí incidirá en la gestión fiscal de autónomos y pymes.
Veamos de qué medidas se tratan:
- Límite de pago en efectivo a 1.000 euros: El Gobierno pretende reducir los pagos en efectivo entre profesionales, restringiendo la cuantía máxima a los 1.000 euros y no a los actuales 2.500 euros. Una medida proyectada ya en 2016 por el anterior Gobierno que nunca se llegó a materializar esta propuesta antifraude.
- Prohibición de software de doble uso: Queda completamente vetado la fabricación y uso de estas herramientas que tienen como utilidad la ocultación de ventas en pro de evitar la falsa contabilidad y la facturación en B.
- Mayor control tributario sobre las criptomonedas: Los autónomos, las empresas o los particulares han de informar a Hacienda sobre sus operaciones con bitcoins al tiempo que se determinarán nuevas identificaciones de los titulares y de sus saldos. Conoce cómo funciona la fiscalidad de las criptomonedas en la web de Infoautónomos.
- Cuantía deudora para aparecer en listado de morosos: Otro de los límites que podría reducirse, de salir adelante el anteproyecto de ley antifraude, es el que tiene en cuenta Hacienda para elaborar el listado de morosos. La cuantía descendería de 1.000.000 de euros a 600.000 euros. Si sufres clientes morosos atento a estos consejos.
Fuera de su afectación sobre la actividad de autónomos y pymes, esta ley antifraude, que pretende recaudar 822 millones de euros, también contempla la prohibición legal de la amnistía fiscal, la actualización del concepto de paraíso fiscal para evitar la evasión tributaria y un refuerzo en el control de los grandes patrimonios
FUENTE: EL ECONOMISTA
