Entidad Registrada en el Registro de Expertos Contables
La campaña activada por el Gobierno, dentro del Plan Director por un Trabajo Digno desde el pasado mes de agosto, ha hecho que la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social haya aumentado la presión en pymes y autónomos que contratan a tiempo parcial o que realizan contratos formativos, enviándoles cartas de forma masiva y advirtiéndoles de haber detecta do que tienen un número elevado de contratos a tiempo parcial que pudieran no ajustarse a la realidad.
El objetivo es controlar las contrataciones a tiempo parcial, y que la jornada laboral del trabajador no exceda a las horas que figuran en el contrato. Las pymes y los autónomos están recibiendo avisos de la inspección sobre supuestos incumplimientos, como haber excedido el máximo legal establecido para realizar un contrato temporal a un trabajador, o que estén encadenando contratos temporales a trabajadores, la empresa dispone del plazo de un mes, a partir de la recepción de la misiva para regularizar la situación y de no hacerlo, la inspección tomará medidas en el asunto.
Las cartas remitidas, en el marco del segundo Plan de Choque contra el fraude en el uso de contratos a tiempo parcial, van dirigidas a aquellas empresas en las que se ha detectado un número elevado de las contrataciones con coeficientes a tiempo parcial muy reducidos, siendo ello discordante con la actividad empresarial desarrollada. A continuación, se incluye un cuadro con una lista de nombres, apellidos, NIF, clave de contratos, coeficiente a tiempo parcial y fecha de inicio de la prestación de servicios.
Se les pide a los empresarios que en el caso de que los coeficientes declarados no sean los reales, la empresa proceda a comunicar de manera inmediata la jornada de trabajo efectivamente realizada por los trabajadores desde la fecha en que se haya constatado el desajuste entre la jornada declarada y la efectivamente realizada. Igualmente, ingresando las liquidaciones correspondientes a la Seguridad Social por esos mismos trabajadores por las diferencias de cotización que resulten, advirtiéndoles que habrá inspecciones en caso contrario y que dichos incumplimientos se consideran infracción grave en materia laboral, implicarían sanciones de entre 626 y 6.250 euros por trabajador.
FUENTE: ADADE CENTRAL
