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El Congreso convalida el real decreto de contratación pública y de seguros y lo tramitará como proyecto de ley

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El Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto ley que traspone hasta 9 directivas sobre contratación públicas, armonización del IVA para ciertas operaciones intracomunitarias y la regulación sobre la contratación de seguros privados, de planes y fondos de pensiones. Salió adelante con el voto favorable del PSOE y Unidas Podemos, la abstención de Ciudadanos, Más País, BNG o Compromís y el rechazo del PP y Vox.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha conseguido el apoyo casi unánime (salvo la abstención de Bildu) para su tramitación como proyecto de ley y después de que numerosos partidos anunciasen la presentación de enmiendas.

Calviño justifica la urgencia del macropaquete normativo en que "traspone de manera fiel" las directivas cuyo retraso amenazan a España con cuantiosas multas, además de que reforzará la protección de los clientes, y mejorará la posición competitiva de las empresas, ya que podrán operar en el mismo campo de juego que las empresas europeas.

A título de ejemplo indicó que la demora en la directiva sobre contratación pública, que había tenido que completarse antes de abril de 2016, amenaza a España con multas diarias de 186.000 euros, y que el retraso en la directiva sobre planes de empleo puede suponer una multa "a tanto alzado" superior a los 32 millones de euros de partida más sanciones diarias posteriores superiores a los 130.000 euros

"La ciudadanía no comprendería que, como responsables públicos, no hagamos todo lo posible para culminar el proceso (...) y evitar que el dinero de los contribuyentes se dedique a pagar multas porque no hemos actuado con suficiente diligencia", refirió.

La mayoría de grupos parlamentarios coincidieron con la necesidad de evitar dichas multas, pero suscitó un vivo debate la decisión del Gobierno de aprovechar el macropaquete regulatorio para cambiar el artículo 118 de la ley de contratación pública a fin de eliminar la prohibición de adjudicar distintos contratos menores a la misma empresa si juntos superaran los 40.000 euros en caso de ejecución de obra o 15.000 euros para servicios o suministros.

Calviño explicó que su cambio "responde a las advertencias que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado" y entidades locales vienen haciendo su aprobación en marzo de 2018, por su carácter "desproporcionado". Explicó que se fijó en su día para combatir el fraude, pero se ha demostrado que "puede conllevar una restricción injustificada de la concurrencia" en los consistorios pequeños, ya que disponen de menos contratistas potenciales y eso provoca que no se puedan completar algunas licitaciones.

La nueva regulación que defendió la vicepresidenta busca sustituirá dichas limitaciones por la obligación de presentar un informe justificado del contrato y manteniendo la prohibición del fraccionamiento de contratos.

Polémica con los contratos menores

El PP fijó su posición en contra desde el principio, sin esperar a las votaciones, al considerar en palabras de su diputado Eloy Vicente Suárez Lamata que "haber colado" esa modificación dentro del paquete de directivas transpuestas "es un fraude de ley", que "abre las puertas a la corrupción y porque no estamos dispuestos a que el ejecutivo invada al legislativo como ha venido haciendo".

El diputado popular culpó precisamente al PSOE y Unidas Podemos de estar detrás de la elaboración de la regulación que ahora se busca modificar, en contra de las advertencias realizadas en su día por el PP de que impedirían contratar a algunos ayuntamientos. "Y ustedes no quisieron ni oírlo", espetó. "Hicieron ustedes bandera del contrato menor de la lucha contra la corrupción. Era el centro nuclear de la ley, no les importaba otra cosa", afirmó, juzgando de "impresentable" incorporarla al paquete normativo sin encarar todos los informes preceptivos "que la hubieran puesto de vuelta y media".

Ciudadanos se decantó por la abstención al compartir la necesidad de trasponer las directivas para evitar cuantiosas sanciones. "Es imperdonable el retraso" y más cuando España copa el 78% de las multas que impone Europa, afirmó su diputado Marcos de Quinto, si bien criticó que la situación "no se soluciona chapuceramente", "recurriendo al truco de la coctelera" metiendo todas las trasposiciones bajo una norma.

En cuanto al artículo 118 apoyó cambios que ayuden a combatir la corrupción, reivindicando que Ciudadanos es "el partido abanderado de la lucha contra la corrupción". Sin embargo, anunció la abstención por "responsabilidad": "No queremos ser cómplices del desmantelamiento de ciertas medidas de control de la contratación pública. Nos parece impresentable".

Vox argumentó a su vez el voto en contra por incorporarla a una ley cuando a su juicio "no hay urgencia" para hurtarla del debate parlamentario. Su diputado Juan José Aizcobe criticó a la Cámara en su conjunto del retraso en las directivas que se cierne "como la espada de Damocles, con sanciones importantes" sobre España por la "inacción" de los sucesivos gobiernos, y acusó al Ejecutivo de tratar de "usurpar" al Parlamento de su "proceso normal" en la conformación de leyes.

Ley de Seguros

En la normativa convalidada se incluye la regulación europea sobre distribución de seguros (IDD, por sus siglas en inglés) vencía en julio de 2018 y la vinculada a los planes de pensiones de empleo tendría que haber entrado en vigor en enero de 2019.

Entre otros factores, la directiva de distribución de seguros refuerza la protección de los asegurados con independencia del canal que utilicen para contratar la póliza e incluyendo obligaciones de transparencia y conducta para los distribuidores.

El cliente deberá ser informado de todos los costes, gastos y riesgos que asume en los productos de inversión basados en seguros y se establecerá además la obligación de proporcionar una evaluación periódica de la idoneidad del producto de inversión. Asimismo, se endurecen las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de información.

Uno de los aspectos que regula son las prácticas de ventas combinadas y vinculadas, de forma que el distribuidor tendrá que detallar los costes individuales de todos los productos cuando su oferta se realice en un pack de productos o servicios. Con esto entra de lleno en la venta bancaria de packs financieros o de condicionar la concesión o precios de algunos productos, como las hipotecas, a la suscripción de un abanico de pólizas, normalmente de hogar y vida.

La nueva ley obliga además a informar al usuario de manera expresa y comprensible de los efectos que la no contratación o la cancelación anticipada del seguro o de cualquiera de los productos vinculados causaría sobre el coste conjunto del seguro y el resto de los productos, antes de su firma.

La nueva normativa se aplica a todos los distribuidores de seguros, incluyendo a todas las entidades de seguros y sus empleados que distribuyen seguros directamente, a más de 3.300 corredores de seguros y 72.000 agentes de seguros sujetos a la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y a los 1.740 corredores de seguros sujetos a la supervisión de las Comunidades Autónomas.

De forma adicional el real decreto regula a los llamados 'comparadores' y ordena aspectos fundamentales para el adecuado funcionamiento del mercado de seguros como la tipología y requisitos que han de cumplir los distribuidores para acceder a la actividad y mantener la autorización.

Por su parte, la directiva de fondos de pensiones de empleo, es decir, aquellos suscritos por las empresas en favor de sus trabajadores, incorpora novedades dirigidas a mejorar sus sistemas de gobierno, información, supervisión y transparencia. Se incluyen también medidas encaminadas a impulsar la competitividad y la creación de un mercado único, mediante la regulación de la actividad y las transferencias transfronterizas de fondos, y para mejorar la información que reciben sus beneficiarios.

FUENTE:  EXPANSIÓN

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