Noticia

El Gobierno ha anunciado, a través de su ministra portavoz, que impulsará el plan contra el fraude fiscal y la ultraactividad de los convenios , antes de fin de año.

La Fiscalía General del Estado en su recientemente publicada Memoria de 2019 señala la tendencia a la baja del fraude en el IRPF, sin embargo avisa del repunte del fraude en el IVA y el Impuesto de Sociedades. Aseguran desde este órgano que «comienza a ser importante el número de defraudaciones a la Seguridad Social». Así como el aumento de los fraudes de IVA y del Impuesto de Sociedades, mientras que ha observado una tendencia a la baja en los delitos de defraudación del IRPF.

La Fiscalía pone en valor los contactos con magistrados y jueces, inspectores de la Agencia Tributaria, letrados de la Seguridad Social, la Abogacía del Estado y las fuerzas y cuerpos de seguridad, «que facilitan el desarrollo de las competencias que respectivamente están legalmente atribuidas a cada uno». Aunque insisten por otro lado «en la crónica carencia de medios personales y materiales necesarios para el correcto desarrollo de nuestro trabajo».

Además, en el mismo contexto del Nuevo Plan Nacional Normativo para el segundo semestre, aprobado por el Gobierno en el pasado Consejo de Ministros, se incluye también, la modificación de lo que se conoce como primera fase de la reforma laboral del PP, que pretende dar más poder a los sindicatos en la negociación colectiva. Retomando así la revisión de la Reforma Laboral, y señalando que revisará “las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva”. Es decir, busca recuperar la ultraactividad de los convenios mientras que las partes no alcancen un nuevo pacto y volver a primar los acuerdos laborales sectoriales sobre los de cada empresa. Otro punto que podría ser parte de esta contra-reforma parcial son los mecanismos de contratación y subcontratación empresaria, es decir limitar la subcontratación para legislar qué servicios pueden subcontratarse y cuáles no.

La derogación integral de la Reforma Laboral que estuvo sobre la mesa hace unos meses, cuando PSOE y Podemos llegaron a pactarla con Bildu, a cambio de su apoyo a una de las prórrogas del estado de alarma, no siguió adelante tras la firme contestación de la patronal que llegó a abandonar el diálogo social, pero sobre todo por la oposición de la Vicepresidenta de Asuntos Económicos, que rechazo esta opción.

El Gobierno ha avanzado que la medida será negociada con los agentes sociales, aunque fuentes del Ministerio de Trabajo indican que se reservan la opción de impulsar la reforma en solitario si no hay acuerdo posible.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, afirmo en una entrevista de radio “que ahora con la que está cayendo se nos plantee esto encima de la mesa de aquí a diciembre me parece una locura”, calificando la medida de “una falta de responsabilidad” del Gobierno y alertando de que su aplicación provocaría una “hecatombe en la confianza” en mitad de la grave crisis abierta por la pandemia.

FUENTE: ADADE CENTRAL