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Las entidades financieras estarán obligas a entregar este informe a todas las compañías a las que concedan crédito. Se establecen cuatro niveles de riesgo para los negocios.
Las entidades crediticias están obligadas a entregar a los autónomos y pymes que financien un extenso informe sobre su situación financiera e historial de pagos. Este documento, llamado Información Financiera-Pyme, proporciona una calificación sobre el riesgo de la compañía.
La medición se realizará mediante una metodología común establecida por el Banco de España, que ha impulsado la medida. Este sistema servirá para clasificar a los negocios en cuatro categorías diferentes de riesgo: bajo, medio-bajo, alto o no disponible.
La normativa también indica que, cuando las entidades financieras decidan cancelar o reducir el flujo de liquidez a estos colectivos, tendrán que avisarles con un preaviso de tres meses y entregarles el informe. Este estudio también puede ser solicitado por las propias compañías mediante el pago de una tarifa.
En el documento se tendrán que incluir, entre otros datos, una lista de los créditos anteriores y los todavía vigentes, los importes pendientes de amortización y los riesgos transferidos a terceros pero cuya gestión todavía conserve la entidad financiera. Además deberá figurar el estado actual de impagos, la relación de concursos de acreedores, los acuerdos de refinanciación, los procedimientos de ejecución y otras incidencias judiciales.
El Banco de España también ha establecido que las entidades financieras deberán conservar, durante seis años, la documentación que justifica los datos empleados para elaborar el documento. Esto incluye el historial crediticio de la pyme o el autónomo durante los cinco años anteriores.
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) calificó esta medida como "eficaz" para valorar el riesgo de las empresas en términos comparables y fidedignos. Según destaca, la Información-Financiera Pyme ofrece soluciones para que cualquier inversor o entidad financiera pueda evaluar el riesgo de crédito de las compañías.
De esta forma, la organización cree que su entrada en vigor puede ser un paso fundamental para solucionar el problema de asimetría de información entre las empresas.
FUENTE: EXPANSION
