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Una de las sorpresas que encarna la Memoria 2017 de la Fiscalía General del Estado es su apuesta por la creación de un Fiscal Coordinador en materia de delincuencia económica, especialmente dedicado a los delitos contra la Hacienda Pública.
El texto aconseja "la incorporación de los delitos responsabilidad de las personas jurídicas, que por su novedad y especificidad, deben ser objeto de estudio singularizado". Esta figura, que tendría la categoría personal de fiscal de Sala sustentaría las funciones de coordinación, formación y adopción de criterios uniformes de actuación en la materia. La solución que propone la Fiscalía "de fácil ejecución y bajo coste, podría aportar mejoras importantes al funcionamiento de la Sección". "Los fiscales deberíamos evitar, en lo posible, la criminalización de conductas cuya causa única sea la desesperada situación económica del autor, y extremar el rigor en la persecución de actividades defraudatorias, que causaran pérdida de puestos de trabajos o perjuicios a pequeños ahorradores", explica.
Con motivo de la Apertura del año judicial 2018, la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha manifestado en su discurso respecto a la situación en Cataluña en boca de Calamandrei, férreo defensor del principio de legalidad que "el compromiso de respetar la Ley mientras esté en vigor es una de las garantías de la libertad, que encuentra en ese respeto el modo de eliminar la injusticia de aquellas, sustituyéndola por una mejor". Y se reafirmó diciendo que "no hay nada más democrático que la Ley, porque la Ley nos vincula a todos".
Según los datos, en violencia de género aumentaron un 16 por ciento las denuncias, y al mismo tiempo se redujo hasta el 20 por ciento el número de mujeres fallecidas que habían presentado denuncias.
Además, las causas por terrorismo supusieron el 46,7 por ciento de diligencias previas incoadas en la Audiencia Nacional. De ellas, los procedimientos por terrorismo yihadista se incrementaron casi un 12 por ciento. En corrupción, ha incrementado un 16 por ciento el número de procedimientos judiciales incoados y las sentencias condenatorias un 14 por ciento.
FUENTE: EL ECONOMISTA
