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Aboga por profundizar en la reforma de 2011 cambiando aspectos paramétricos. El trasvase de cotizaciones y la separación de fuentes, apuestas del nuevo ministro.
José Luis Escrivá será durante la próxima legislatura el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y por lo tanto será uno de los elementos centrales de la reforma del sistema de pensiones en la que trabaja el Pacto de Toledo desde hace ahora más de tres años. Sin embargo, el futuro ministro viene con el librillo aprendido por su experiencia al frene de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
En este sentido, son varios los frentes sobre los que pretende incidir el nuevo ministro Escrivá, si bien todos ellos están dirigidos a reducir el déficit del sistema que acumula desequilibrios anuales por valor de 18.000 millones de euros, más de un punto porcentual del PIB.
\"Que se cierre el déficit estructural existente en la Seguridad Social, a través del traspaso de responsabilidades de gasto desde el Sistema de la Seguridad Social al Estado\", reza el documento presentado en enero del pasado por la Autoridad Fiscal año donde se plantean algunas de las medidas necesarias para reflotar las finanzas del sistema.
Así, uno de las metas de Escrivá pasa por la elevación en términos relativos de las cotizaciones destinadas a contingencias comunes (pago de pensiones) a costa de las asignadas al SEPE (pago por desempleo), lo que se conoce como el trasvase de cotizaciones que se calcula en una cuantía máxima de 9.000 millones de euros. Organismo que se encuentra bajo la dirección del Ministerio de Trabajo que liderará Yolanda Díaz, de Unidas Podemos.
También sugiere la asunción por parte del Estado de determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones, como son, entre otros, los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (4.000 millones), de medidas de fomento del empleo consistentes en la reducción de cotizaciones (2.000 millones), de las prestaciones por maternidad y paternidad y las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.000 millones).
De esta forma, si se descuenta el superávit de 1.400 millones del SEPE, la propuesta de la AIReF supone transferir un gasto de 9.000 millones del SEPE al Estado y otros 7.000 millones de gastos no contributivos de la Seguridad Social, con lo que el déficit del Estado aumentaría en 16.000 millones, pasando de ocho décimas al 2,2% del PIB, en tanto que se acabaría con el desequilibrio en la Seguridad Social.
De hecho, parte de la labor de Escrivá al frente de este organismo ha sido la de auditar la maltrecha tesorería de la Seguridad Social por lo que es conocedor de los retos financieros que afronta el sistema ante un incremento del gasto por el aumento de la cuantía de las prestaciones y una proyección de ingresos que se fatiga entre la mermada masa salarial de los trabajadores españoles y un horizonte demográfico que poco invita al optimismo.
Edad de jubilación y carrera de cotización
Otro punto donde la llegada de Escrivá al frente de la Seguridad Social podría generar roces con Unidas Podemos es por su decidida intención de profundizar en la edad efectiva de jubilación en España, ya que se sitúa en 62,4 años, por debajo de la media de los países OCDE (64,3 años), siendo una de las mayores distancias respecto a la edad legal, llegando a alcanzar los 2,5 años. Esto pasa por modificar los requisitos de acceso a la pensión anticipada y ordinaria para fomentar el aumento de la edad efectiva de jubilación.
En cuanto al periodo de referencia para el cálculo de la pensión, fijado actualmente en 20 años (convergerá en 2022 a los últimos 25 años por la reforma de 2011), recuerda que está también por debajo del utilizado por los principales países del entorno, donde se utiliza la carrera laboral completa.
Cabe recordar que, durante el periodo de negociación del Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos, la formación morada exigió la vuelta a la edad legal de jubilación a los 65 años, contraviniendo la reforma del Gobierno de Rodríguez Zapatero de elevarla a los 67 años para las jubilaciones a partir de 2027.
FUENTE: EL ECONOMISTA
