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Una nueva campaña de
inspecciones a empresas, ha sido puesta en marcha por el Ministerio de Trabajo,
con el objetivo de comprobar que se esté cumpliendo la ley en la aplicación de
las nuevas normativas aprobadas en los decretos ley publicados por el BOE y, en
caso contrario sancionar a aquellas empresas que no lo cumplan. La Inspección
de Trabajo, ha cerrado el periodo de “advertencia”, y ha comenzado un plan especial de vigilancia
de las empresas de manera "extraordinaria" y "limitada en el
tiempo", para asegurarse que las medidas de salud pública establecidas para
proteger a los trabajadores del coronavirus, se cumplen.
Desde su entrada en vigor,
con su publicación en el BOE (8 julio 2020), la sanción por el incumplimiento de la norma, podría oscilar entre los 2.046 y los 40.985 euros, ya
que como aseguran desde el Gobierno: "Los
espacios de trabajo son espacios proclives a la propagación del virus, como
demuestra el hecho de que una parte importante de los rebrotes de contagios
habidos hasta el momento, tanto en España como en otros países de la Unión
Europa, se haya producido en los centros de trabajo".
Los inspectores
principalmente comprobarán que las medidas tomadas en las empresas sobre ventilación, limpieza y desinfección
puestas a disposición de los trabajadores. También si se dispone de agua y jabón, geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad virucida, si se ha llevado a cabo una adaptación de las condiciones de
trabajo para garantizar el mantenimiento
de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores o tomado medidas para evitar coincidencia masiva de personas
en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor
afluencia.
Por su parte Ana Ercoreca,
presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, advierte
de la falta de recursos de la Inspección para poder asumir nuevas competencias
de este tipo. “Si no se refuerza la
Inspección, esta habilitación queda en papel mojado, no hay medios para poder
hacerlo”, señala Ercoreca, que advierte también de posibles conflictos
competenciales con Sanidad en las zonas en las que haya un retroceso y de la
sobrecarga que ya soportan con la revisión de los ERTE.
El Gobierno ha aprobado esta
iniciativa como una disposición dentro del real
Decreto-ley 26/2020 de medidas de reactivación económica en los
ámbitos de transportes y vivienda, aunque no se hacía mención a ella en las referencias del Consejo de Ministros.
FUENTE: ADADE CENTRAL
